Suscríbete por email!Casi todo el mundo necesita estar sometido a un cierto control, porque de vez en cuando, por múltiples razones, la gente tiene comportamientos discutibles, poco respetuosos, como mínimo molestos para los demás, como máximo destructores de los demás (y de su entorno).
Es por eso que la sociedad, cuando es democrática, se organiza, se da unas leyes (si no es democrática se las dan, en un sentido amplio), y elige más o menos directamente a unos ciudadanos que gestionan política y administrativamente la cosa. También el comportamiento discutible de algunos ciudadanos.
Pero cuando la sociedad es democrática, no sólo hay control sobre los ciudadanos y sus posibles salidas de tono. Lo hay, y muy fundamentalmente, sobre los que gestionan política y administrativamente la cosa. En especial, lo debe haber sobre aquellos que gestionan el comportamiento discutible de algunos ciudadanos (léase policía, también en sentido amplio). De esta forma se produce, podríamos decir, un control de doble dirección: el Estado a través de sus gestores controla a la gente, para que cumpla la ley y se comporte; pero la gente, a través de ciertas instituciones, de procedimientos legales, y ejerciendo sus derechos fundamentales, también controla al Estado y sus gestores, quienes, por ser también gente (y con poder), no son ajenos a las salidas de tono cuando ejercen su trabajo.
Aunque todo esto es muy teórico (solo en apariencia, cuidado), no deja de tener importancia. La tiene porque en la medida en que ese control digamos “simétrico” se desequilibra, la cosa (la cosa es el sistema, el sistema democrático) deja de funcionar.
La cosa se está desequilibrando de forma alarmante. Viene haciéndolo desde hace tiempo en el campo del control de los ciudadanos sobre los representantes parlamentarios y el gobierno (no es que se partiera de una situación ideal, pero desde luego no ha mejorado, como era exigible). Sin embargo, últimamente la asimetría se ha disparado en relación con las llamadas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y alrededores (léase seguridad autonómica, local, privada). Un distanciamiento preocupantemente complementario al que crece entre ciudadanos e instituciones.
El reciente indulto a unos mossos d’esquadra condenados a prisión por torturas (indulto sobre indulto) y su inmediato regreso al uniforme; la inminente salida del Jefe de la Policía de Valencia al extranjero con palmaditas en la espalda, sin que la brutal intervención de sus agentes contra los vecinos del Cabanyal hace un par de años, o la más violenta que reciente represión contra “sus enemigos” estudiantes por cortar falleramente unas calles del centro de la ciudad, haya merecido por parte de sus superiores siquiera un público “te has pasao un poquito”; la vergonzosa web de la policía catalana a disposición de ciudadanos delatores; la criminalización por parte del ministro del Interior y su colega conseller de las manifestaciones (que no es de las manifestaciones sino de la libertad de reunión y manifestación), y la amenaza de cambios legales para controlar y perseguir a los “instigadores” (a los que la ley, hasta ahora, llama con mucho más respeto promotores)…
Cuando más necesaria se hace la rendición de cuentas, la explicación, la transparencia, de los gestores políticos hacia la sociedad, más refuerzan éstos su control y su amenaza sobre los ciudadanos. Hay que tener cuidado, porque cuando las vías del ferrocarril no van paralelas, el tren descarrila.
