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El día que Rita Barberá envió a los operarios a derribar aquellas casas del Cabanyal alcanzó la cota más alta de la infamia y del ridículo. A los vecinos y ciudadanos de bien que se congregaron pacíficamente para impedir que la orden fraudulenta de la alcaldesa se cumpliera, les alcanzaron los palos de la local y la nacional. Y el dolor personal y la vergüenza ajena de comprobar que quien estaba obligado a proteger sus derechos les maltrataba.
Pero que no haya malos entendidos. El 6 de abril de 2010 los vecinos del Cabanyal no se concentraron solo para impedir que el Ayuntamiento destruyera unas casas del propio consistorio (es decir de los valencianos), unas casas que él mismo había comprado y dejado perder para castigar al barrio. Lo ya sabido.
Aquel día los vecinos se plantaron entre las casas y la policía para obligar a que se cumpliera la ley, para impedir que derribaran un pedacito más del Estado de Derecho. Para dejar constancia de que ante la degradación institucional y moral de los gobiernos municipal y autonómico, muchos ciudadanos no transigían. Para evitar que el abuso de poder y la mala fe ganaran otra vez en nuestra ciudad.
Han pasado casi tres años desde entonces. Todo la ficción jurídica (la mentira, dicho de otro modo) que dio cobertura a aquella hazaña pueril de la alcaldesa, ha sido destrozada por los jueces. La tan cacareada querella por prevaricación contra la entonces Ministra de Cultura Ángeles González-Sinde (por publicar a requerimiento del Tribunal Supremo la Orden que dispone que el Plan sobre el Cabanyal es expolio del patrimonio histórico) fue inadmitida a trámite con estirón de orejas a Barberá, por carecer de cualquier fundamento. La demanda del Ayuntamiento contra la propia Orden Ministerial ha acabado con una demoledora sentencia de la Audiencia Nacional a favor de la Orden y de la Plataforma Salvem el Cabanyal, y ratificando que el Ayuntamiento comete expolio en el barrio.
Resumiendo, que la mentira que dio lugar a las brutales cargas policiales contra vecinos sentados en el suelo, mentira que el sentido común había descubierto en el minuto uno, ha sido puesta en evidencia por los jueces.
Y sin embargo, es por esa mentira por la que hoy juzgan a los vecinos. Por esa y por otra mentira más: que la defensa de las casas fue violenta y que varios agentes de la autoridad quedaron heridos. A los videos de la masacre nos remitimos. Por su parte, los agentes agresores sin identificar (como es su obligación y nuestro derecho) fueron denunciados, pero curiosamente su caso ha prescrito. No así el de los ciudadanos apaleados que defendían la ley.
Así que los que sentados en el suelo y con las manos en alto –vecinos, amigos, representantes decentes- reclamaban la protección para el patrimonio que el sistema democrático y el Derecho teóricamente les garantiza, son juzgados. Mientras, Barberá, Grau, Camps, el Partido Popular valenciano y sus interesados cómplices, responsables del ataque antisistema más importante que ha sufrido la democracia en más de treinta años, son los denunciantes inviolables.
El Cabanyal. La lucha contra los desahucios y por la vivienda digna. El 15M. La defensa de la escuela y la sanidad públicas. La participación ciudadana. La Economía de la igualdad. La información veraz. Los parlamentarios honestos. Las instituciones decentes. El control y la responsabilidad del poder. Que no se nos olvide, ese es el mundo al derecho. Si está al revés, habrá que voltearlo.
